Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana.
Un centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones.